Dudosa venta de ATLL para reducir el déficit público catalán

La Intervención General de la Administración del Estado fija criterios para deducir la dudosa venta de ATLL para reducir el déficit público catalán, una privatización que incumple la oferta ganadora, liderada por Acciona.

Un informe, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística en julio del pasado año, señalaba que de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (SEC95) la administración catalana debía traspasar al nuevo concesionario todos los riesgos vinculados al negocio.

Según la opinión de los expertos consultados, el más importante de todos esos, es el llamado “riesgo de disponibilidad”. Se trata, que el concesionario de cualquier servicio público europeo se quien deba hacerse cargo del servicio sin ningún tipo de garantía que una caída de la demanda obligue al concesionario a restituirle recursos públicos para compensar la adjudicación. Esa norma es válida para la concesión del suministro de agua, pero es igualmente aplicable para la prestación de cualquier otro servicio público o, como en este caso puntual, por la gestión de bienes de interés público.

A buenos entendedores huelgan las palabras, si administración catalana, resultó adjudicatario del contrato, y no obtuviese el rendimiento esperado, la Generalitat no está obligada a procurarle ningún tipo de indemnización.

Cataluña incrementó la cantidad de interinos

Luis de Guindos y Artur Mas 

Cataluña incrementó la cantidad de interinos en un 9,5% y, todo pareciera indicar que la crisis no ha afectado a la política de gasto de la Administración Pública de Cataluña, y ha revelado ser la comunidad que más contrataciones de funcionarios interinos ha incrementado en el último año. Según los últimos datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Administraciones Públicas de la Generalitat, se incrementó la nómina de 28.529 contratados públicos en julio de 2011 a 31.242, en el mismo mes de 2012, lo que supone un 9,51% más.

Por suerte para los catalanes, el Gobierno de Artur Mas no es el que cuenta con más interinos. El récord se encuentra en poder de José Antonio Griñán, en Andalucía, con 39.729 interinos aunque es justo reconocer que éste ha recortado la nómina en 3.567 en el mismo periodo de tiempo.

Mas no es un político solitario en cuanto a su política de incremento de contrataciones. Es seguido por el Gobierno de Alberto Fabra, en Valencia, quien ha sumado 1.045 (un 3,69% más) a una nómina que ya en 2011 era de 28.345. Y también han aumentado sus interinos, las administraciones de Aragón (82), Cantabria (141) y La Rioja (46). Una escasa cuantía en relación con el resto.