La Intervención General de la Administración del Estado fija criterios para deducir la dudosa venta de ATLL para reducir el déficit público catalán, una privatización que incumple la oferta ganadora, liderada por Acciona.
Un informe, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística en julio del pasado año, señalaba que de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (SEC95) la administración catalana debía traspasar al nuevo concesionario todos los riesgos vinculados al negocio.
Según la opinión de los expertos consultados, el más importante de todos esos, es el llamado “riesgo de disponibilidad”. Se trata, que el concesionario de cualquier servicio público europeo se quien deba hacerse cargo del servicio sin ningún tipo de garantía que una caída de la demanda obligue al concesionario a restituirle recursos públicos para compensar la adjudicación. Esa norma es válida para la concesión del suministro de agua, pero es igualmente aplicable para la prestación de cualquier otro servicio público o, como en este caso puntual, por la gestión de bienes de interés público.
A buenos entendedores huelgan las palabras, si administración catalana, resultó adjudicatario del contrato, y no obtuviese el rendimiento esperado, la Generalitat no está obligada a procurarle ningún tipo de indemnización.
No hay comentarios:
Publicar un comentario