lunes, 17 de octubre de 2011

El presidente de GISA, 'hombre de Artur Mas', tiene inversiones en empresas para la asesoría de obras - Asesoría Contable Barcelona

Asesoría contable Barcelona: Sección Noticias : Joan Lluís Quer, nombrado a principios de año presidente de GISA (empresa que controla la obra pública de la Generalidad), de Ifercat (entidad que gestiona los proyectos ferroviarios), de Regsa (compañía que realiza actuaciones de promoción y ejecución de riegos para la construcción de canales y acequia) y de Regsega (sociedad que construye el canal Segarra-Garrigas, una de las principales obras hidráulicas de Europa), ha invertido desde 2007 más de dos millones de euros en compañías privadas de ingeniería y asesoría de obras.

Joan Lluís Quer, presidente de GISA y hombre de confianza de Artur Mas.

Joan Lluís Quer, hombre de confianza de Artur Mas y a quien, a su llegada al frente de la Generalidad, nombró presidente de GISA (empresa que controla la obra pública de la Generalidad), de Ifercat (entidad que gestiona los proyectos ferroviarios), de Regsa (compañía que realiza actuaciones de promoción y ejecución de riegos para la construcción de canales y acequia) y de Regsega (sociedad que construye el canal Segarra-Garrigas, una de las principales obras hidráulicas de Europa), ha invertido en los últimos tres años más de 2 millones de euros en compañías privadas de ingeniería y asesoría de obras, según ha publicado este lunes El Confidencial.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y MBA de la European University en Dirección de Empresas, Quer fue responsable de planificación de proyectos de Alcantarillas de Barcelona (Clabsa) y jefe de proyectos de Aplicaciones del Agua (Adasa), perteciente a Agbar, entre 1987 y 1991. De 1993 a 1994, en tiempos de la presidencia autonómica de Jordi Pujol, fue gerente de GISA y de Regsa, y, posteriormente, de la Agencia Catalana del Agua (2000-2004), hasta la llegada del tripartito. Entre 2004 y 2008, ya en el ámbito privado, ostentó el cargo de director general de Auding-Auditorías e Ingenierías, y, desde 2009, consejero delegado de Auding Intraesa.

En el año 2007, Joan Lluís Quer intensifica su actividad empresarial en el ámbito de la consultoría y asesoría de obras civiles, a pesar del inicio de la crisis económica e inmobiliaria, creando la empresa Promotora d'Enginyeria i Auditoria Catalana, que se dedica a la compraventa y arrendamiento de fincas rústicas o urbanas, la realización de obras y construcciones públicas y privadas, y el asesoramiento de proyectos. Quer aportó entonces 299.000 euros de capital.

A través de esta sociedad, Quer entró en el accionariado de Auding y en el de la inmobiliaria Epler Invest, de la que fue nombrado director general en abril de 2008, tras aportar, entre los años 2008 y 2009, 1.700.000 euros de capital personal. Epler, además, pasó a controlar dos empresas más del ámbito de la asesoría: Auditorías e Ingenierías S.A. -para la promoción inmobiliaria, la realización de proyectos urbanísticos y de ingeniería civil y pública-; y Anàlisi i Medi Ambient. Además, en abril de 2009, creó la sociedad Cicore New Group, dedicada a la asesoría empresarial, especialmente, en el ámbito de la ingeniería civil, de la que todavía es administrador, aunque abandonó la dirección de las otras empresas una vez fue nombrado presidente de Gisa. .

El conflicto de intereses en el que incurre Quer parece más que evidente, habida cuenta de que GISA gestiona la mayor parte de la obra pública de la Generalidad. De hecho, el propio presidente de la Generalidad, Artur Mas, decidió asumir el control político directo sobre la empresa -que, hasta entonces, dependía de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas-, situándola bajo la supervisión directa de su mano derecha y secretario general de la Generalidad, Germà Gordó. Algo similar a lo que ocurrió con Regsa y Regsega.

Este fin de semana se ha conocido que la dirección de la empresa presentó en agosto un ERE para despedir a 70 de los 220 empleados que tiene la sociedad. Según los sindicatos, se trata de una privatización encubierta de la gestión de la obra pública de la Generalidad, puesto que la reducción de un tercio del personal haría inoperativa la sociedad (que tiene un presupuesto anual de 1.200 millones de euros) y habría que derivar buena parte de su cometido al ámbito privado.

Fuente: Vozbcn.com

Editado por: Asesoría Contable Barcelona

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